Se veía venir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el desacato del Estado peruano «debido a que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022, que restituyó los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla».
Como se conoce, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017. En una resolución publicada este jueves, la Corte IDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque «no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional».
La Corte IDH precisó que Perú «ha incurrido en un desacato» de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo.
«En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023», explica la corte en la resolución.
La CorteIDH también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las Sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta.
Junto a Nicaragua
Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua, luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.
El pasado 7 de diciembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, pidió CorteIDH que declarase en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.
El Estado peruano responde
Este viernes, el Estado peruano dio una respuesta al pronunciamiento de la CorteIDH. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseveró que «no ha existido desacato alguno», al señalar que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte se encuentran implementándose.
El documento indica que el gobierno del Perú, en su pronunciamiento del 11 de diciembre, «solicitó expresamente que la Corte IDH implemente el mecanismo de supervisión reforzada, como efectivamente así ha ocurrido».
Se ratificó en que el Estado peruano es respetuoso de los tratados internacionales sobre derechos humanos y anunció que presentará el informe de cumplimiento que ha solicitado la Corte.
