Se acerca el final. La Municipalidad Provincial de Trujillo presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la Resolución de Alcaldía que declara consentido el Acuerdo de Concejo N.° 024-2024-MPT, referente a la vacancia contra el suspendido alcalde Arturo Fernández. Con este paso, el destino del mandato de Fernández queda ahora en manos del Pleno del JNE, cuya resolución se daría en cualquier momento.
Situación real
La presentación de esta resolución marca el fin de todos los trámites y plazos establecidos en la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y en la normativa del JNE. Esta confirmación fue emitida a través de un oficio del organismo electoral dirigido a la Municipalidad Provincial de Trujillo el pasado 22 de marzo, solicitando la documentación restante sobre el procedimiento de vacancia, que no fue aprobado por el Concejo Municipal.
Tras la apelación de la parte solicitante ante el JNE, el Pleno de este organismo será el encargado de resolver definitivamente sobre este asunto. En el oficio del 22 de marzo, el JNE recibió el Acuerdo de Concejo N° 024-2024-MPT, del 1 de marzo, relacionado con el procedimiento de vacancia contra César Arturo Fernández Bazán, alcalde suspendido de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Precisamente, en enero de este año, el JNE declaró infundado un recurso de apelación presentado por Fernández, confirmando un acuerdo del Concejo Municipal que denegó un recurso de reconsideración en su contra. Este acuerdo, adoptado en noviembre de 2023, aprobó su suspensión por una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad.
Vacancia sí va
Como resultado de esta resolución, se dejó sin efecto provisionalmente la credencial otorgada a Fernández, pendiente de la resolución de su situación jurídica. Además, se ha generado un complicado escenario legal para Fernández, debido a nuevas denuncias por motivos similares.
En la mencionada resolución, el presidente del Pleno del JNE, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, destacó la conclusión del proceso penal debido a una sentencia en segunda instancia, lo que implica que la condena está firme. En este contexto, se determinó que el procedimiento a seguir contra la autoridad municipal es el de vacancia, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades.
