El hoy presidente del Perú, José Jerí, fue nada más y nada menos que el autor del informe que recomendó archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Dina Boluarte por las muertes de ciudadanos durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Su informe fue lo que permitió que se archivara dicha denuncia en el Congreso.
El documento elaborado por Jerí fue aprobado por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 18 de julio, y señalaba que “no existen elementos probatorios suficientes” para acusar a Boluarte ni a los ministros de su gabinete. El informe fue defendido por Jerí y además respaldado por la congresista María Acuña (APP), quien presidía la sesión.
Ahora, tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte, Jerí asumió el máximo cargo del país. En las últimas horas, además de las críticas que ya tenía inmediatamente después de su asunción, se revive el caso de las masacres en el inicio del gobierno de Boluarte, y hay voces que lo acusan de haber contribuido al “blindaje político” de la exmandataria, así como obstaculizar la justicia para las víctimas de la represión.
Como se conoce, la masacre por las fuerzas del orden en aquellas manifestaciones dejó al menos 50 muertos confirmados y más de 1.000 heridos, según el Ministerio Público. La gran mayoría de las víctimas eran transeúntes y menores de edad sin ningún vínculo probado con actividades ilícitas. Por ello, organismos internacionales como la CIDH y la ONU documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Sin embargo, el documento de 58 páginas del Congreso, de autoría de José Jerí, y aprobado con 12 votos a favor y 10 en contra, concluyó que “no existen elementos irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”.
