Un reciente Decreto Supremo que establece que el Ministerio de Salud (Minsa) será el encargado de evaluar y asignar las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) ha encendido una nueva polémica. Este decreto ha dispuesto un severo cambio que ha sido rechazado en segmentos del sector salud, pues aseguran que dicho cambio afecta la meritocracia.
La nueva norma elimina el Examen Nacional de Medicina (Enam), organizado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam),cuyo fin es evaluar la suficiencia de conocimientos en ciencias básicas, ciencias clínicas y en salud pública alcanzados por los futuros médicos. La prueba alternativa ahora estará en manos del mismo Minsa.
Grupos de médicos han salido a protestar ante lo que consideran una medida improvisada y que politizará el ingreso a los Serums. El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Riega, también advirtió un peligro en esta nueva forma de hacer evaluaciones.
Los resultados de la UCV
Aquí entra a tallar un dato relevante. El último estudio publicado por la revista científica Acta Médica Peruana del Colegio Médico del Perú, sobre el Examen Nacional de Medicina, señaló que del total de médicos que postulaban al Serums en el periodo 2009-2019, un tercio de los médicos reprobaron el Examen Nacional de Medicina (ENAM).
En el análisis se encontró que desaprobaban en mayor frecuencia los que eran de universidades privadas. Así, de las 19 universidades privadas, en 10 de ellas, se observó que más del 33% de sus alumnos reprobaron. Peor aún, en 6 de ellas se observó que más de la mitad de sus alumnos no aprobaron el examen.
Aquí es donde destaca, en el mal sentido, la Universidad César Vallejo (UCV), de propiedad de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso. La UCV figuraba en ese estudio en el último lugar, con más de 70% de desaprobados.
Esto ha puesto los señalamientos sobre el líder de APP, pues el ministro de Salud, César Vásquez, que acaba de cambiar las reglas para el examen, pertenece justamente al partido de Acuña.
En defensa de este cambio en las evaluaciones, el ministro de Salud ha declarado que la decisión responde a la necesidad romper «un negocio» en el examen nacional a cargo de las asociaciones de facultades de ciencias de la salud, entre ellas Medicina, Odontología, Nutrición, Enfermería y Obstetricia, las cuales cobran una tarifa a quienes lo rinden.
Sin embargo, en la opinión pública ha ganado peso la sospecha de que este cambio busca darle una «ayudita» a la universidad de propiedad del líder apepista.
