domingo, enero 11, 2026
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Estados Unidos en Venezuela: ¿Quiénes tienen derecho a hablar de la invasión?

Frente a las numerosas opiniones y posturas surgidas por la intervención armada de EE.UU. en Venezuela, muchos venezolanos han expresado su incomodidad, señalando que solo tienen derecho a hablar al respecto quienes hayan sufrido las terribles consecuencias de la dictadura chavista-madurista. Pero ¿realmente este ‘derecho’ es absoluto o resulta necesario matizarlo?

La invasión de Estados Unidos a Venezuela ha generado múltiples discusiones en los planos geopolítico, jurídico y social. Sin duda, la captura del dictador Nicolás Maduro y la intención de EE.UU. de explotar el petróleo venezolano para su propio beneficio son temas de amplio debate. Asimismo, otra ardua controversia se ha gestado entre la sociedad y la academia: ¿Quién tiene el derecho a hablar sobre la invasión a Venezuela?

Gran parte del pueblo venezolano asevera que quienes no han padecido el martirio de la dictadura chavista-madurista no tienen derecho a opinar al respecto. Remarcan que la liberación de su país es un asunto que solo les concierne a ellos, añadiendo que cualquier análisis jurídico y geopolítico es superfluo.

Esto se podría denominar como el sentir de un pueblo. Según los abundantes testimonios de venezolanos, saber que los años de tortura y miseria podrían concluir está por encima de cualquier teorización jurídica o politológica. Poco les importa que Estados Unidos haya manifestado que explotará el petróleo de Venezuela para su propio beneficio o que administrará su Estado indefinidamente.

En este punto, los ciudadanos venezolanos tienen razón. ¿Cómo podrían aquellos que no han sufrido el tormentoso régimen chavista-madurista trivializar el sentir de un pueblo tan degradado? ¿Con qué autoridad moral se le podría sermonear a un migrante venezolano sobre lo prioritario que son el derecho internacional y materias similares?



Deviene ridículo decirle a una víctima de la dictadura que ahora resulta más perjudicial que Estados Unidos extraiga el petróleo y gestione su gobierno. Canjear el infierno por un incendio es un trato que la mayoría de venezolanos está dispuesta a aceptar sin pensarlo dos veces.

Es deplorable menospreciar el sentir del pueblo venezolano, banalizar su esperanza o imponerle discursos tecnicistas, pero, por otro lado, el derecho a hablar sobre la invasión no es exclusivo. Esto sucede porque el uso desmedido y arbitrario de las armas para atacar un territorio extranjero nunca es un evento aislado y de efímeras consecuencias, menos aún si el Estado agresor está liderado por Donald Trump.

A lo largo de su gestión, Trump ha encendido la alarma de diferentes países. Por ejemplo, viene ejecutando deleznables maniobras para lograr que Groenlandia (Dinamarca) se anexione a Estados Unidos. Asimismo, su gobierno provee de recursos económicos y armamento a Israel con el objeto de exterminar y/o desterrar al pueblo palestino.

No son hechos nimios los recientes bombardeos a zonas específicas de Nigeria ni la amenaza que el presidente republicano ha lanzado contra Colombia, donde insinúa que este podría ser el próximo país en experimentar una embestida ‘yanqui’.

Toda esta problemática se torna urgente para la comunidad internacional. Por supuesto, los especialistas jurídicos y geopolíticos deben asumir un rol dinámico para diagnosticar y exponer los potenciales peligros que corren ciertos países por las acciones de Estados Unidos. Sería una colosal irresponsabilidad que, ante esta coyuntura, no existan análisis profundos desde diversos sectores. Se trata de una labor de temprana detección para una posterior estrategia de defensa.

Cabe plantearse esta pregunta: si en unos años, Estados Unidos aplicara su intervencionismo bélico en otros países sudamericanos, ¿acaso diríamos que fue un proceder inesperado o es que se debió tomar el caso de Venezuela como una notoria advertencia? ¿No criticaríamos a los especialistas por haberse abstenido de escrutar, debatir e informar a tiempo sobre las repercusiones de dicho acontecimiento?

En síntesis, el pueblo venezolano es el principal damnificado por la dictadura chavista-madurista, lo cual le habilita el derecho a hablar sobre un sentir popular que no les pertenece a terceros. Solo los venezolanos pueden determinar si prefieren el intervencionismo de Estados Unidos y nadie tiene la autoridad moral para trivializar, relegar o relativizar esa expresión.

Empero, esta maniobra estadounidense no es un hecho excepcional, ya que anuncia graves daños futuros para la soberanía de otros Estados. Por ende, el derecho a hablar sobre el caso de Venezuela también le corresponde a la comunidad internacional, a los especialistas jurídicos y politólogos, ya que esta invasión es un punto clave para observar potenciales acometidas y conflictos bélicos de amplia magnitud. El caso de Venezuela no puede ser silenciado de la discusión pública, más allá de la nacionalidad de los debatientes.

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