Una grave irregularidad fue detectada por la Contraloría General de la República en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, luego de comprobarse que un informe técnico utilizado para sustentar la contratación de un servicio fue firmado y sellado con los datos de un ingeniero que negó categóricamente haber participado en dicho proceso.
En aprietos
El caso está vinculado a la contratación del servicio de diagnóstico técnico del sistema de videovigilancia del distrito, cuya ejecución fue aprobada con base en un requerimiento que, según el órgano de control, no contempló la participación de personal calificado. Peor aún, se otorgó conformidad a un informe carente de validación por el área técnica correspondiente.
Según la Contraloría, se presentaron tres empresas ante la Unidad de Logística y Control Patrimonial del municipio. Estas fueron: Gaby Gonzales Pereda (S/ 22,300), A Vivir.com S.A.C. (S/ 21,135.50), y A & A Corporation S.A.C. (S/ 19,985). El señor Ysidro Ávalos Orbegoso, quien tiene el 96% de acciones en esta última empresa (A & A – ganadora del proceso), también tiene participación societaria en la empresa A Vivir.com S.A.C.
El informe presentado por A & A Corporation S.A.C. incluía un diagnóstico supuestamente detallado de 59 cámaras del sistema de vigilancia. Sin embargo, el contenido evidenció inconsistencias, según la Contraloría. “Se advierten incongruencias en cuanto al estado real de las cámaras”, se lee en el documento de supervisión. Además, no se presentó información clara sobre las 32 cámaras inoperativas, como lo exigían los términos de referencia.
Protagonista
Uno de los aspectos más preocupantes es el uso indebido de la identidad del supuesto responsable técnico del informe. El documento estaba firmado y sellado por el ingeniero Davis Castillo Cortez, quien figura en el Colegio de Ingenieros del Perú, pero no como ingeniero electrónico, sino como ingeniero civil con especialidad sanitaria. Ante ello, Castillo Cortez negó rotundamente cualquier participación en la elaboración del informe.
“Niego rotundamente todo tipo de responsabilidad que se me vincule en el presente informe. Para dar mayor validez a lo mencionado, adjunto copia de mi DNI y mi carnet de Ingeniero Civil”, declaró el profesional en una comunicación formal. Asimismo, aclaró no tener ningún vínculo con la empresa A & A Corporation S.A.C., y señaló que esta habría usado su firma y sello sin su consentimiento para aparentar legalidad técnica.
Así respondió el señalado ingeniero a la Contraloría General de la República.
Sanción
Pese a todas estas irregularidades, el gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, José Morales Silva, emitió el informe N°0626-2024, en el cual dio conformidad al servicio. Este informe fue remitido a la Unidad de Logística, solicitando que se proceda con el pago único al proveedor. De este modo, el desembolso fue autorizado y realizado, a pesar de la evidente manipulación documental.
La Contraloría concluyó que existen responsabilidades penales y administrativas en José Morales Silva, así como responsabilidad administrativa en el gerente de Seguridad Ciudadana, Santos Tapia Aranda. También se determinó responsabilidad penal y administrativa en la jefa de la Unidad de Logística, Ekatherin Rodríguez Vega, por su rol en la contratación y validación del informe falso.
