Fuerza Popular es incorporado como persona jurídica en el proceso penal que se sigue contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el caso ‘Alas Peruanas’. Así lo dispuso el Poder Judicial, a través de la jueza Margarita Salcedo, a pedido del Ministerio Público.
Este es un nuevo escenario judicial para la agrupación política, al reforzar la tesis de la fiscalía sobre el presunto uso de su estructura partidaria para captar recursos ilícitos.
La Fiscalía sostiene que el partido de Keiko Fujimori habría recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales 2011 y 2016.
La hipótesis sostiene que el partido fujimorista recibió, entre el 2014 y 2015, la suma de 54 mil 536 65 soles; mientras que, en el 2011, un total de 210 mil soles; además de la transferencia de dos inmuebles ubicados en la avenida Bucaré de la urbanización Camacho (La Molina) y en la avenida Arequipa (Miraflores).
Defensa desestimada
Durante la audiencia previa, la defensa legal de Fuerza Popular solicitó que el pedido de la Fiscalía fuera declarado improcedente, pues no había formulado una imputación concreta y válida contra el partido, y que existían hastaseis versiones defectuosas de los hechos.
Además argumentaron que el plazo de la investigación preparatoria había vencido el 5 de mayo de 2025, lo que, consideran, vulneraba el derecho a la defensa y a la igualdad procesal.
La jueza Salcedo rechazó estos argumentos. Sostuvo que el pedido de la Fiscalía fue presentado dentro de la etapa procesal, y que su trámite se vio retrasado porque la defensa del fujimorismo presentaba reiteradamente recusaciones contra los jueces del caso.
La jueza otorgó cinco días para que el partido de Keiko Fujimori designe a un apoderado judicial. En caso de incumplimiento, el propio despacho judicial procederá a designar un representante de oficio para garantizar la continuidad del proceso.
