El pasado 14 de octubre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el predictamen que integra dos proyectos de ley, los mimos que proponen crear un Banco Nacional de Perfiles Genéticos.
Se trata de los proyectos 07631/2023-CR y 10504/2024-CR presentados por los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu y Fernando Rospigliosi, ambos de la bancada fujimorista, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante el registro de sentenciados y víctimas.
Lo cuestionable de la iniciativa que se plantea que nuestros datos genéticos sean administrados exclusivamente por la Policía Nacional del Perú. Esto en un contexto donde, según una encuesta de Datum Internacional realizada en abril de este año, el 70% de la población no confía en la PNP.
Una de las que cuestionó este planteamiento fue la congresista del Bloque Democrático Popular e integrante de la comisión, Ruth Luque. Ella criticó que se esté excluyendo al Ministerio Público y acusó a la comisión de “erosionar” el trabajo de las instituciones. “En un contexto en el cual la PNP es cuestionada por la ciudadanía, ¿creen que la población va a aceptar que solo la policía tenga el ADN de las personas?”, dijo Luque.
«a través de esta información se puede obtener no solo la identidad exacta de la persona sino también toda su historia y su futuro biológico, de manera que esta información debe estar preservada, garantizada y cautelada como un dato personal»
Información sensible
“Los bancos de datos genéticos no son ninguna novedad, funcionan en muchos países. Lo que hay que tener en cuenta es que estos bancos manejan información hipersensible, en el sentido de que a través de esta información se puede obtener no solo la identidad exacta de la persona sino también toda su historia y su futuro biológico, de manera que esta información debe estar preservada, garantizada y cautelada como un dato personal”, dijo a El Comercio el especialista en Derecho Civil y profesor investigador de la Universidad de Lima, el abogado Enrique Varsi.
Varsi recuerda que todo aquel que maneje datos personales en nuestro país debe regirse por una normativa que establece ciertos estándares para su utilización. Hasta ahora, la responsabilidad la tiene el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), perteneciente al Ministerio Público.
La Fiscalía ya ha enviado un documento donde pide respetar la autonomía del Ministerio Público y adjunta tres informes del Área de Asesoría Jurídica del IMLCF entre los que resalta la advertencia de que el proyecto de ley va en contra del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública al crear “funciones dentro del sistema criminalístico policial, que duplicarían con las que presta en la actualidad la Unidad de Biología Molecular y de Genética”.
