domingo, diciembre 28, 2025
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¿Gasto innecesario? El Estado destina 3 millones de soles diarios para la manutención de los presos en el Perú

En nuestro país se destinan más de 30 soles diarios por cada persona privada de su libertad. El costo de mantener a más de 100 mil personas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente: ¿está funcionando el modelo penal en el Perú?

El sostenimiento del sistema penitenciario en el Perú representa una carga millonaria para el Estado. Según datos oficiales, cada persona privada de libertad le cuesta al país 30 soles diarios, lo que, considerando los más de 101 mil internos registrados hasta abril, equivale a un gasto superior a 3 millones de soles diarios.

En total, el Estado peruano destina más de 91 millones de soles al mes para cubrir la alimentación, servicios básicos, salud y seguridad de los reclusos distribuidos en los diferentes penales del país. La cifra surge en un contexto de creciente población penitenciaria: solo en los primeros cuatro meses de este año, se incorporaron 2.436 nuevos internos al sistema.

Actualmente, la población carcelaria asciende a 101.884 personas, entre ellas 5.454 son extranjeros, es decir, alrededor del 5.3%. Aunque los datos reflejan un esfuerzo económico considerable, organizaciones sociales y expertos en justicia penal advierten que el gasto no se traduce necesariamente en condiciones dignas dentro de los penales.

Problemas como el hacinamiento, la escasez de personal, la falta de acceso adecuado a servicios de salud y los limitados programas de rehabilitación siguen marcando la realidad penitenciaria peruana. Varios informes han señalado que, pese a la inversión diaria por cada interno, muchos penales operan muy por encima de su capacidad instalada.

Además, la sobrepoblación carcelaria ha reavivado el debate sobre la necesidad de aplicar penas alternativas para delitos menores, una reforma integral del sistema judicial y medidas más efectivas de prevención del delito. También se ha puesto en discusión la viabilidad de acuerdos de repatriación para reos extranjeros, en un intento por aliviar la carga del sistema.

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