El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel, promovió la firma del Pacto de Integridad Electoral, un acuerdo orientado a garantizar el uso adecuado de los recursos públicos durante el proceso electoral. La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir el uso indebido de bienes del Estado con fines políticos.
Su mensaje
Durante la actividad, la gobernadora reiteró que los funcionarios públicos deben garantizar el uso responsable de los recursos estatales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.º 054-2025-PCM, que prohíbe su utilización para fines políticos o electorales. Asimismo, participó en la convocatoria a organizaciones políticas y movimientos regionales en su calidad de miembro titular de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad (CRALL).
La suscripción del pacto se realizó en el marco de la I Cumbre Electoral, organizada por la CRALL con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, en la Cámara de Comercio de La Libertad. El evento reunió a partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el respeto al marco legal electoral.
Este es el objetivo
El acuerdo establece compromisos vinculados al uso correcto de los recursos públicos distintos al financiamiento permitido por ley, el respeto a la normativa electoral, la conducta íntegra de los candidatos y la transparencia en las finanzas de las actividades proselitistas. De las 52 organizaciones políticas y cinco movimientos regionales convocados, suscribieron el pacto representantes del Partido Morado, Alianza para el Progreso, Unidad Nacional, Integridad Democrática, Partido Cívico Obras y el Movimiento Regional Nueva Libertad.
En el desarrollo de la jornada también se realizaron capacitaciones dirigidas a representantes políticos, orientadas a la prevención de riesgos de corrupción y a la promoción del voto informado. Estas actividades estuvieron a cargo del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones, con el impulso de la Oficina de Integridad del Gobierno Regional.
