Actualmente existe una denuncia “que un grupo de ciudadanos peruanos está preparando” contra el gobierno de Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI). Así lo anunció Harold Forsyth en una entrevista para Exitosa.
Esta denuncia pretende revelar la presunta “violación sistemática de derechos humanos” de la gestión de Dina Boluarte, ante su inacción hacia las 50 víctimas registradas en diciembre del 2022 y enero del 2023.
«Este asunto no da más, las cortes de justicia existen para administrar justicia…, pero existe algo que se llama la Corte Penal Internacional (…) un grupo de ciudadanos del Perú proponemos presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional —contra Dina Boluarte— por violación sistemática de los derechos humanos y por la existencia de esta gran cantidad de muertos, compatriotas, sin que nadie se haga cargo», declaró Forsyth.
Esta denuncia de Forsyth sería la primera que se realizaría contra un jefe de Estado peruano.
Somos parias
Forsyth dijo que “los gobiernos occidentales, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Inglaterra, pero también países como Nueva Zelanda, han tenido una reacción ante los desmanes legislativos de los últimos días y de las últimas horas”.
Esta denuncia de Forsyth sería la primera que se realizaría contra un jefe de Estado peruano.
En ese sentido, el exembajador de la OEA afirmó que con la decisión de optar por el silencio en todas estas reformas promovidas por el Congreso y que no cuentan con el contrapeso del Ejecutivo convierte al Gobierno peruano en un “paria internacional”.
Denuncia seria y aislamiento diplomático
La CPI es una institución que se encarga de juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Una denuncia ante la CPI podría llevar a altos funcionarios peruanos, incluida la presidenta, a enfrentar acusaciones graves en el ámbito internacional.
Esta situación en tan grave que podría generar sanciones y afectar las relaciones exteriores. Además, agravaría la percepción y confianza de la comunidad internacional al gobierno peruano.
La crisis diplomática parece haberse iniciado, pues 16 embajadas se han pronunciado respecto al atentado a la democracia que significa la aprobación del proyecto de Ley que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y que limita la capacidad de las ONG.
