A pocos días de aprobada, esta cuestionada ley ya empezó a dar muestras de su nefasto espíritu. El exmarino Augusto Gabilondo García del Barco, quien se mantiene en la clandestinidad, ha sido el primero en solicitar la aplicación de esta ley.
La ley busca eximir de responsabilidad a presuntos criminales acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante las décadas de 1980 y 1990, en pleno conflicto armado. Fue aprobada por el autodenominado “bloque democrático” del Congreso (impulsado por el fujimorismo), en complicidad con Dina Boluarte quien no observó dicha norma cuando fue remitirá a su despacho.
Asesinos en serie
Desde la clandestinidad, Gabilondo García busca utilizar la ley para evitar una condena por la desaparición forzada de 69 personas en Huanta, Ayacucho, en 1984. La Fiscalía lo acusa de ser responsable de ese delito cuando era jefe de una sede militar en Ayacucho.
La solicitud de impunidad fue presentada a la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, donde se evaluará si se acepta el pedido y se le levantan las órdenes de captura a nivel nacional e internacional.
Otros que acaban de solicitar la aplicación de la ley en sus casos son los ex miembros del Grupo Colina Nelson Carbajal, Carlos Pichilingue y Julio Chuqui Aguirre. Estos asesinos probados están implicados en las matanzas de La Cantuta y Pativilca.
Demanda de inconstitucionalidad
La Junta de Fiscales Supremos anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que limita los alcances del delito de lesa humanidad, la cual fue emitida por el Congreso, porque “atenta contra la defensa de los derechos humanos”.
En un pronunciamiento, los letrados sostienen que la ley tendrá un “impacto negativo” en la investigación y procesos judiciales en casos de especial gravedad, como Madre Mía, El Frontón, Barrios Altos, El Santa, Accomarca, Cantuta-Pativilca, Comando Rodrigo Franco, Leonor La Rosa, entre otros.
Además, consideran que la ley vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán, de la bancada Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley para derogar la ley de impunidad.
