El TC marcó la pauta. El décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando el sobreseimiento definitivo (archivo) del proceso seguido contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos con el agravante de Organización Criminal en agravio del Estado Peruano.
El Poder Judicial, de esta manera, ordenó el levantamiento de todas las medidas de carácter personal y real que pesaban sobre la lideresa de Fuerza Popular y otros miembros de su partido. Es decir, los criterios de la sentencia del Tribunal Constitucional también benefician a una larga lista de procesados y al propio partido político Fuerza Popular (anteriormente Fuerza 2011).
Entre los beneficiados se encuentran Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka y José Chlimper Ackerman; también, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, Mark Vito (mencionado por contexto), integrantes de la familia Blanco Matsuno, entre otros más de 30 investigados.
Pero no se salvan del todo
El archivo de los delitos de mayor gravedad no limpia todas las investigaciones. La sentencia aclara que se declara la subsistencia de las imputaciones por los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Falsedad Genérica contra un grupo específico de los investigados.
Ante esto último, el juez determinó que, debido al carácter “estructural y transversal” de las imputaciones que ya han sido archivadas, resulta materialmente imposible continuar con el trámite en los mismos términos. Por eso ha dispuesto la devolución del requerimiento mixto a la Fiscalía para que esta emita un nuevo pronunciamiento debidamente sustentado sobre las imputaciones que siguen en pie.
