Con 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
Como no podía ser de otra forma, lasbancadas que apoyaron esta reforma fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. La norma pasará ahora al Ejecutivo para su observación o promulgación.
Norma con sorpresa
Los especialistas han advertido que la mencionada ley somete a las ONG y persigue su financiamiento y actividades. Esto generará impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y dejará desprotegidas a las poblaciones vulnerables.La norma empodera a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar los fondos que reciben las ONG y el uso que le dan. Además, la faculta para sancionar a estas organizaciones y hasta denunciarlas ante el Ministerio Público.
El abogado Carlos Rivera advirtió, a través de su cuenta de X, que «esta disposición (puesta de contrabando) de la nueva ley APCI, que prohíbe y sanciona a las ONGs que litigamos contra el Estado, es lo más inconstitucional que se ha promulgado desde las leyes de amnistía para violadores de DDHH de 1995».
«esta disposición… es lo más inconstitucional que se ha promulgado desde las leyes de amnistía para violadores de DDHH de 1995»
Rivera resaltó que la norma establece como infracción muy grave: “Entre otros, constituye uso indebido, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”.
Diversos especialistas han criticado la norma, pues limitaría el rol de las organizaciones de sociedad civil en el Perú y pondría en peligro la libertad de expresión.
La norma también establece que se considerará una infracción muy grave “financiar o destinar recursos(…) hacia actividadesque han sido declaradas administrativa o judicialmente como actos queafectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, y el orden interno”.
Pronunciamiento
En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su enérgico rechazo a esta norma. Considera que esta reforma impone un control indebido sobre la sociedad civil y pone en riesgo los derechos humanos y la democracia en el país.
Para la CNDDHH, esta medida pretende acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables.
Por su parte, la excongresista Rocío Silva Santisteban expresó en su cuenta de X: “La Ley Anti-ONGs impide que se usen fondos de la cooperación para presentar denuncias contra el Estado: si esto se hubiera dado hace 20 años no habría La Cantuta, Barrios Altos, Putis, Cayara, Cabitos 1, 2 y 3 ni por supuesto las denuncias por ¡esterilizaciones forzadas!”.
