La Contraloría General de la República advirtió, a través de un informe de control, que la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María Olórtegui Risco, no cumpliría con la experiencia necesaria para ocupar el cargo. Además, accedió a la designación a pesar de mantener activa su militancia en el partido político Alianza para el Progreso (APP), lo que vulneraría la directiva sobre neutralidad que deben mantener los servidores de ese organismo.
Los detalles
A través del Informe de Control Específico N° 001-2025-2-0680-SCE, notificado el 25 de marzo al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la Contraloría detalló que se identificaron dos presuntas irregularidades en designaciones. Una de ellas corresponde al caso de Olórtegui en La Libertad, mientras que la otra se produjo en Lima con el nombramiento de Juan Canales Durand como jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo.
Según el documento, los funcionarios fueron designados sin acreditar la experiencia específica en la función o materia, basándose en informes de evaluación de perfil con información que no correspondía. Asimismo, se determinó que ambos mantuvieron afiliación política activa, a pesar de que esto está expresamente prohibido por la normativa interna de la institución.
Con respaldo político
El informe también indica que el 12 de marzo se solicitó a María Olórtegui presentar sus descargos mediante la Cédula de Notificación Electrónica N° 02-2025-CG/0680-02-001. Sin embargo, la jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad no presentó respuesta ni aclaraciones respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría.
Ante estas irregularidades, la Contraloría ha solicitado el inicio de un proceso administrativo contra María Olórtegui, quien incluso durante su designación ocupaba el cargo de responsable político provincial de Trujillo de Alianza para el Progreso (APP). Además, su nombre se voceaba como posible candidata a la alcaldía de esta provincia.
