El 13 de agosto quedará registrado como uno de los días más negros para los derechos humanos y la justicia supranacional. Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, que favorece a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La Ley N° 7549 establece brindar amnistía –o impunidad como lo califican algunos– a los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Asimismo, la ley concede la libertad para los mayores de 70 años por “carácter humanitario”.
En la cuestionada ceremonia, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, estuvieron los parlamentarios fujimoristas Fernando Rospigliosi, Martha Moyano y Víctor Flores; además, José Williams Zapata (Avanza País), Alfredo Azurín (Somos Perú), José Cueto y Jorge Montoya (Honor y Democracia); es decir, políticos de la derecha peruana, entusiastas promotores y defensores de la Amnistía. Pero resaltó el abrazo que se dieron la presidenta Boluarte y el general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”, y ligado al Grupo Colina, quien salió en libertad en diciembre del año pasado luego de un fallo del Tribunal Constitucional.
La Corte IDH ordenó a la presidenta frenar el proceso de promulgación de la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta; sin embargo, ésta desacató y oficializó la norma en El Peruano.
La ONU se pronuncia
A través de un pronunciamiento oficial, el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU)para los derechos humanos, Volker Türk, expresó su rechazo a la reciente ley de amnistía, advirtiendo que su aplicación representaría un grave retroceso en materia de justicia.
“El derecho internacional prohíbe amnistías para crímenes graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, considerados violaciones a los derechos humanos y, en algunos casos, delitos de lesa humanidad”, manifestó Türk.
El alto comisionado advirtió que la ley podría frenar más de 600 procesos judiciales en curso y poner en riesgo la vigencia de más de un centenar de sentencias emitidas por el Poder Judicial.
Türkinstó a las autoridades peruanas a revisar la ley y garantizar que los derechos de las víctimas no sean vulnerados por decisiones legislativas o ejecutivas.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostuvo que “Esta norma, propia de regímenes autoritarios, premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y a sus familias sin verdad ni justicia”.
