Escribe: Lucho Caro
De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo en enero de 2025 se registraron 17 casos de feminicidio y más de 500 denuncias por violencia, concentrándose principalmente en regiones como Moquegua (111), Arequipa (108) y Apurímac (100).
Esta tendencia al crecimiento es preocupante, con cifras que muestran que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 142,182 casos en 2023 y 142,144 en 2024, reflejando la gravedad de la situación. Esta realidad se traduce en graves afectaciones a los derechos de las mujeres y hace imperativo examinar y dar respuesta a los persistentes desafíos en la lucha contra esta problemática.
En julio del 2014, en Trujillo se lanzó la campaña “¿Nos Toca?: Cuidemos en Igualdad, Vivamos sin Violencias”, con el objetivo de empoderar a las mujeres y cuestionar la concepción tradicional que asigna el trabajo de cuidado no remunerado exclusivamente a ellas. Esta campaña, ejecutada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Perú, buscó promover cambios en las responsabilidades de cuidado, fundamentales en la lucha contra la violencia de género. En La Libertad, el 58.4 % de las mujeres de 15 a 49 años había padecido violencia por parte de su pareja, siendo la violencia psicológica la más común (54.5 %). Estas cifras subrayaron la necesidad de abordar tanto los síntomas como las causas profundas de la violencia de género.
«Las dificultades probatorias en los delitos de violencia psicológica y sexual son notorias, donde el testimonio de la víctima suele ser insuficientemente valorado»
La abogada Diana Milagros Chávez Chiguala, en sus declaraciones, enfatizó que su formación jurídica le había permitido entender la violencia de género no solo como un fenómeno social, sino como una vulneración sistemática de derechos humanos. “Desde el Derecho Penal, observé cómo la normativa puede ser una herramienta tanto de protección como de exclusión, dependiendo de su aplicación”, afirmó. Los vacíos legales fueron significativos; uno de los principales fue la falta de articulación entre los distintos niveles del sistema judicial y los servicios de protección. “Las dificultades probatorias en los delitos de violencia psicológica y sexual son notorias, donde el testimonio de la víctima suele ser insuficientemente valorado”, explicó.
Chávez Chiguala también consideró urgentes cambios legislativos para mejorar la situación de las mujeres. “Se necesita fortalecer las medidas de protección con mayor rapidez y eficacia, así como ampliar los supuestos de flagrancia para facilitar la intervención policial o fiscal inmediata”, dijo. Además, insistió en la importancia de implementar reformas que garanticen la perspectiva de género obligatoria en la interpretación judicial, especialmente en delitos sexuales y feminicidio.
La abogada resaltó el papel crucial de las abogadas en la defensa de los derechos de las mujeres. “Las abogadas cumplimos un rol clave como defensoras, acompañantes y activistas dentro del proceso legal”, comentó. También mencionó los desafíos que enfrentan al representar a mujeres víctimas, incluyendo la revictimización institucional y la trivialización de su sufrimiento.
Finalmente, Chávez Chiguala esperaba que en el futuro se implementaran políticas públicas integrales que abordaran la violencia de género de manera interseccional, considerando a diversas poblaciones vulnerables. “Es imperativo que el Estado adopte medidas concretas y efectivas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia”, concluyó.
La lucha contra la violencia de género requiere un compromiso colectivo. Es fundamental que cada uno de nosotros, desde nuestras comunidades, apoyemos iniciativas que promuevan la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.
