jueves, noviembre 21, 2024
Caja Trujillo
InicioPolíticaLas 3 claves políticas que explican la liberación de Alberto Fujimori

Las 3 claves políticas que explican la liberación de Alberto Fujimori

Para algunos es un hecho de justicia y humanidad, para otros es un hecho de injusticia e impunidad. Lo cierto es que el indulto de Fujimori, condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, se fraguó en medio de las negociaciones políticas de este último periodo. Aquí lo explicamos.

La excarcelación del ex presidente Alberto Fujimori ha concentrado la atención pública durante las últimas horas. Como era de esperarse, el asunto encendió la polémica de inmediato. Por un lado, explotó la alegría de su familia y sus seguidores; y por otro, generó un fuerte rechazo y críticas del llamado sector antifujimorista.

Gran parte de la polémica obedece a la forma en que este indulto se dio, y que tuvo su origen hace tres años, cuando aún era presidente del Perú Pedro Pablo Kuzcynski (PPK). Aquí vamos a recordar las claves de este hecho que ha derivado en la liberación de quien en su momento fuera condenado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.

Sucedió en plena víspera de Navidad del año 2017. El entonces presidente PPK le otorgó el indulto y la gracia presidencial al condenado Alberto Fujimori, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

Pero PPK tomó la polémica decisión días después de que 10 congresistas de Fuerza Popular, entre ellos Kenji Fujimori Higuchi, lo salvaran de la destitución, orquestada por la propia bancada liderada por la hermana del antes mencionado: Keiko Fujimori.

“El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori”, precisó un comunicado de la Presidencia. Sin embargo, lo cierto -como se demostró después- es que dicha gracia presidencial fue el pago por los votos que salvaron a PPK de la vacancia. O sea, se dio por un arreglo bajo la mesa.

La cronología indica que en el 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al indulto al considerar que el Estado no dio “cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos” consideradas en las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Ese mismo año, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló el indulto a favor de Alberto Fujimori.

Hubo reclamos de parte del fujimorismo, y el mismo Alberto Fujimori pidió en un video, desde su cama, que no lo regresen a prisión.

Pero fue en vano. El ex presidente volvió al penal de Barbadillo en enero de 2019.

La familia Fujimori interpuso sendos recursos judiciales que fueron rechazados, por lo que acudieron al Tribunal Constitucional. Fue ahí donde por fin le dieron la razón a los Fujimori. El mismo presidente Ernesto Blume, hoy convertido en vocero legal innominado de la derecha conservadora y declarado ‘anticaviar’, fue quien hizo la ponencia y tuvo el voto dirimente.

Lo que son las cosas. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte expresó en ese entonces su preocupación sobre el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Alberto Fujimori, que restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el exmandatario PPK en diciembre del 2017. Y lo mismo hizo su hoy premier, Alberto Otárola.

La Corte IDH resolvió que el Estado peruano debía abstenerse de implementar el fallo del Tribunal Constitucional, que ordenaba la excarcelación inmediata de Alberto Fujimori.

En su fallo, los magistrados de la corte internacional evaluaron que el Tribunal Constitucional no valoró si había una “necesidad imperiosa” de que sea liberado por su estado de salud y las condiciones de su detención. Además, consideró el hecho de que no había pedido perdón ni pagado la reparación civil.

Así llegamos a la resolución del Tribunal Constitucional conocida el martes 28 de noviembre, que dispuso remitir a un juzgado su decisión de restablecer el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

Y si bien el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, decidió no ejecutar la liberación del exmandatario y devolvió todos los actuados al TC, este finalmente ordenó la inmediata liberación de Fujimori.

La Corte IDH exhortó otra vez al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la resolución, pero el gobierno de Boluarte no le hizo caso. Más bien, acató lo dispuesto por el TC.

El mismo TC elegido por este Congreso de modo cuestionable en sus extremos. Y la misma Boluarte que un año atrás cuestionaba el indulto, al igual que su premier, pero que ahora necesita quedar bien con quienes pueden sacarla del cargo.

Y así fue.

spot_img
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Advertisment -
Google search engine
spot_img

ÚLTIMAS NOTICIAS

spot_img

Comentarios recientes