Hay irregularidades en el proceso de selección y conflictos de interés. Eso advierte la Contraloría respecto al nombramiento de dos militantes de Alianza para el Progreso (APP) en la Defensoría del Pueblo.
Según Perú21, un informe de la Contraloría General de la República del 25 de febrero, revela serias irregularidades en la designación de María del Carmen Olórtegui Risco y Juan José Canales Durand.
Olórtegui es jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad desde el 24 de junio de 2024. Canales fue jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo. En ambos casos, la orden vino del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Entre pañuelos y psicología
María del Carmen Olórtegui Risco es muy conocida por ser campeona de marinera; pero también por su pasado fujimorista: quiso ser congresista con Fuerza Popular en las elecciones de 2020 y 2021.
La psicóloga, desde 2005, fue docente en la Universidad César Vallejo, propiedad de Acuña. Se afilió a APP el 4 de julio de 2023. Un año después, ya era una dirigente clave de este partido en La Libertad.
El cargo que Olórtegui Risco ostenta exige cinco años de experiencia en la función, pero ella solo pudo acreditar cuatro. Y los documentos que respaldaban su experiencia laboral nada tienen que ver con la defensa de derechos ciudadanos. La docencia en instituciones educativas y centros psicológicos, no tienen ninguna vinculación con el trabajo defensorial.
La Contraloría también encontró vigente su afiliación a APP, pese a que ella indicó a inicios de su gestión que solicitaría una licencia partidaria. Esto infringe la normativa de neutralidad de la Defensoría.
Canales turbios
En el caso de Juan José Canales Durand, la Contraloría concluyó que tampoco cumplía los criterios de experiencia para ser jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo. Él es militante de APP desde 2018.
El cargo exige cuatro años de experiencia en la materia, pero Canales solo acreditó tres años y 29 días, según el informe.
Asimismo, la Contraloría sostiene que ambos procesos internos carecieron de imparcialidad. “La omisión en la declaración de bienes y rentas, así como la falta de transparencia en la información económica del funcionario designado, genera un escenario de posible conflicto de intereses que vulnera la normativa de integridad y buen gobierno”, dice el informe.
Todos se confabularon
Hay algo grave. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo aprobó las hojas de vida de Olórtegui y Canales, pese a que no cumplían con los requisitos.
Por su lado, la Oficina de Asesoría Jurídica tampoco hizo observaciones. Esto permitió que ambas designaciones siguieran su curso. “No se hallaron observaciones jurídicas que evidencien un análisis crítico sobre la idoneidad de los candidatos seleccionados”, detalla el informe de Contraloría.
¿Hubo confabulación? ¿La orden venía de otro lado? El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se lava las manos. Le dijo a Perú21 que la responsabilidad de las contrataciones recae en las otras áreas, pese a que él firmó las designaciones de ambos funcionarios.
