El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2025 contempla una partida específica de S/ 1’115,830.00 para reforzar la función fiscalizadora de los miembros del Concejo, dinero que proviene de dos fuentes principales: S/ 739,642.00 de “Impuestos Municipales” y S/ 376,188.00 del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Esta cifra fue aprobada por unanimidad en sesión de concejo, en medio de crecientes cuestionamientos sobre las prioridades presupuestales de la gestión del alcalde Mario Reyna Rodríguez.
Cuestionamientos
La crítica surge justo después de que la regidora Sandra Ivonne Trujillo Marreros presentara y lograra aprobar dos Planes de Trabajo de Fiscalización (PTAF) centrados en:
- Supervisar la adquisición y distribución de equipos de protección personal (EPP) en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat).
- Auditar los procedimientos sancionadores por licencias de construcción no tramitadas, responsabilidad de la Subgerencia de Edificaciones.
“Mientras los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales, y hay sectores de la ciudad que siguen abandonados en servicios básicos, el Concejo decide gastar más de un millón en logística y viáticos para fiscalizarse entre ellos. ¿Dónde está el sentido de urgencia?”, declaró Ulises Rodríguez, señalando que ese presupuesto podría haberse invertido en equipamiento para el Segat, repavimentación de vías, recuperación de espacios públicos o mejoras en el trato al personal CAS y nombrado.
¿Se busca transparencia?
Desde el Concejo, sin embargo, se defiende la medida argumentando que responde al marco legal establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual obliga a registrar, justificar y evaluar semestralmente todas las actividades de fiscalización. Según esta normativa, los recursos asignados deben ejecutarse solo para los fines aprobados en cada PTAF, con metas y resultados verificables.
“La fiscalización no es un lujo, es una obligación. Este presupuesto busca garantizar que los procesos se cumplan y que el dinero público se use con eficiencia. Lamentablemente, muchos de los problemas que hoy denuncia el sindicato tienen que ver justamente con la falta de control y seguimiento a las áreas operativas del municipio”, respondió la regidora Sandra Trujillo, tras los cuestionamientos.
La controversia pone en evidencia una tensión creciente entre el Concejo Municipal y el personal sindicalizado, en un contexto donde los vecinos reclaman mayor efectividad, pero también sensatez en la asignación de recursos.
