El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó el último miércoles un ‘megadecreto’ que incluye 300 medidas para la desregulación de la economía. Este decreto, entre otras cosas, modifica o deroga las leyes de alquileres y la de abastecimiento, la conversión de todas las empresas del Estado para su posterior privatización y el régimen laboral.
No pasó mucho tiempo para que este ‘megadecreto’ enfrentara sus primeros cacerolazos, la forma de protesta tradicional que utilizan los argentinos para mostrar su descontento incluso desde sus propias casas.
Las críticas contra las propuestas son muchas, pero para algunos lo más controvertido no es el fondo de las medidas sino la forma. La controversia estriba en que Javier Milei ha utilizado un Decreto de Necesidad y Urgencia que puede ser utilizado solo de modo excepcional, pues no pasó por el Congreso.
Otra crítica recurrente es que estas medidas favorecen al empresariado, pero puede desproteger a la población más vulnerable.
Privatizaciones
El decreto emitido por Milei transforma a todas las empresas estatales en sociedades anónimas “para su posterior privatización”. Además, deroga la ley que prohibía las privatizaciones.
Los cambios que introduce el decreto suponen un paso previo a la privatización, que en muchos casos requerirá de la aprobación del Congreso. Milei dijo en el pasado que primero buscará sanear y poner en valor a las empresas estatales antes de considerar su venta.
El decreto también permite que “los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran”, algo que permitiría también su privatización. Se trata de un proyecto impulsado por Macri, socio político de Milei.
Empleo
Milei habló de una “modernización” del régimen de trabajo, que incluye algunas reformas controvertidas porque hacen que sea más fácil y menos costoso despedir. Las leyes laborales aún vigentes contemplan una serie de compensaciones que debe recibir un empleado si es despedido y limitan las causales de despido.
El ‘megadecreto’ reduce las indemnizaciones y amplía el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses. Además, permite el despido si el empleado bloquea o toma su establecimiento de trabajo.
Los críticos señalan que esto atenta contra el derecho legítimo de huelga y recorta derechos laborales.
La preocupación de muchos es que la recesión que seguramente vendrá de la mano de las medidas de ajuste anunciadas por el gobierno podría llevar a las empresas a despedir a personal que, con estas nuevas reglas, estará menos protegido.
Pero la contraparte indica que esto puede ayudar a muchas pequeñas y medianas empresas, pues evitaría que vayan a la quiebra.
Libertad de precios
Milei derogó el observatorio de precios del ministerio Economía, con lo cual retira el control de los precios.
En los últimos años hubo mucha injerencia del Estado argentino en la actividad privada, obligando a las alimenticias a ofrecer algunos de sus productos a precios que estaban por debajo de la inflación.
Pero, para gran parte del público, la gran preocupación ahora que Milei ha liberado todas las restricciones de precios, que incluye no solo a los productos del supermercado sino también a las tarifas de las empresas de medicina privada (o prepagas), es que no puedan acceder a comprar dichos productos.
Un problema que hoy podría empeorar dada la nueva aceleración de la inflación por las medidas del flamante gobierno, que, según la mayoría de las consultoras privadas, hará que se duplique el alza de precios.
Exportación e importación
En las últimas dos décadas el comercio exterior ha estado muy regulado. Con la intención de mantener los precios locales bajos, en especial de la carne, a partir del gobierno de Cristina Kirchner se empezaron a restringir algunas exportaciones agrícolas, la principal fuente de dólares de Argentina.
Así también, a medida que caían las reservas internacionales en el Banco Central, también se limitaron las importaciones, lo que le puso el freno a algunas industrias fuertemente dependientes de insumos extranjeros.
Ahora, con Milei, “queda prohibido prohibir las exportaciones”, según anunció el mandatario.
Su propuesta “reforma el código aduanero para facilitar el comercio internacional”, según señaló.
Esto es una buena noticia para las empresas importadoras. Pero el temor es que la apertura del comercio haga subir los precios de los productos locales. La importación libre también supone una amenaza para algunas industrias nacionales que no podrán competir en precio.
Sin embargo, los partidarios de la medida ponen como ejemplo la industria textil argentina. Ellos sostienen que el proteccionismo otorgado llevaron a que, ante la falta de competencia, hoy en Argentina la ropa cueste más y sea de menor calidad que en otros países.
Ley de tierras a favor de extranjeros
Otra controversia del decreto es que deroga la Ley de tierras, una norma que limita la concentración y extranjerización de tierras, en particular las rurales.
La ley fijaba en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas.
Según dijo el presidente, la medida busca “promover las inversiones”, pero en Argentina muchos ven con preocupación la posibilidad de que grandes extensiones de campo pasen a estar en manos de capitales extranjeros.
Es preciso recordar que en los últimos años hubo distintas polémicas por la posesión de tierra en manos extranjeras, por ejemplo el caso de las protestas contra el magnate británico Joe Lewis por no permitir el acceso a lagos en sus terrenos patagónicos, así como las sospechas por un observatorio espacial y un puerto construidos por China en el sur de Argentina.
