Escribe: Eduardo Zafra
El gobernador regional César Acuña, en su papel de líder de Alianza Para el Progreso (APP), respondió este martes sobre las revelaciones de Cuarto Poder en torno al asesor de Luis Valdez durante su gestión en el Gobierno Regional de La Libertad, Oscar Rabanal, que además tramitó una concesión minera durante el tiempo en que fue funcionario. Acuña respondió que desconocía sobre cualquier tipo de relación.
Cabe recordar que César Acuña Peralta, elegido como gobernador regional para el periodo 2015-2019, renunció al cargo el antes de cumplir un año en funciones para postular a a Presidencia. Fue así que asumió su vicegobernador, Luis Valdez Farías.
El 26 de año del 2016, según resolución, Octavio Rabanal Bautista es contratado como asesor del despacho de la gobernación, es decir, como asesor de Luis Valdez. Durante este periodo, además, Ricardo Sandoval Pozo, hermano del ahora ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el apepista César Sandoval Pozo, asumió como gerente regional de Energía y Minas.
Tal como se ha revelado en el mencionado dominical, el 5 de noviembre del 2018 Octavio Rabanal solicitó una concesión minera de 500 hectáreas en la zona de Tayabamba, en la provincia de Pataz. El trámite, según la investigación, fue dirigido al entonces gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval Pozo, quien logró la aprobación de la solicitud en tiempo récord.
No sabe nada
Precisamente, sobre este caso, el actual gobernador regional César Acuña fue consultado por los medios de comunicación, quien manifestó no estar al tanto de ninguna decisión tomada por Luis Valdez durante su gestión como gobernador regional.
“Creo que escuché en el reportaje que el señor Valdez no conocía a ese señor, pero en todo caso él tendría que responder por sus acciones. Yo desde que dejé la gobernación en el 2015, ya no he sabido nada”, expresó César Acuña.
Cabe resaltar que Luis Valdez Farías tiene actualmente abierta una investigación fiscal por la compra de una mansión valorizada en 3.3 millones, de los cuales 2.8 millones no hay un origen concreto. El Ministerio Público sigue la pista de que el origen del dinero sería corrupción o minería ilegal.
