Plancha quemada. Keiko Fujimori y miembros de su entorno político se encuentran bajo la mirada de la Fiscalía por una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos.
La fiscal Manuela Villar acusa a Fujimori y sus dos candidatos a vicepresidente de recibir aportes de presunto origen ilícito que habrían ayudado a financiar las impugnaciones contra los votos obtenidos por Pedro Castillo en las elecciones de 2021.
Según La República, presuntamente el esquema del Lavamoto habría obtenido fondos ilícitos de manera clandestina. Estos fondos habrían sido entregados “sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y por intermedio de motorizados”, se lee en el documento al que tuvo acceso el diario.
La Fiscalía sostiene que esta modalidad no es nueva, sino que habría sido “instrumentalizada” por Keiko Fujimori en las campañas de 2011 y 2016 para el ingreso de dineros ilícitos con fines de beneficio propio.
Dirigentes en su salsa
Seis altos dirigentes del fujimorismo están implicados en la investigación, incluyendo a tres miembros de su plancha presidencial.
Keiko Fujimori Higuchi es sindicada como la líder de la presunta organización criminal, ejerciendo la presidencia del partido.
Le sigue Luis Galarreta Velarde, actual candidato a vicepresidente, secretario General Nacional, a quien se le atribuye la gestión de aportes anónimos y falsos.
También está el otro candidato a vicepresidente, Miguel Torres Morales, vocero y Subsecretario General Nacional, con un rol similar al de Galarreta en la gestión de fondos.
Galarreta y Torres habrían gestionado e inyectado aportes privados irregulares (anónimos/falsos) y ejecutado fondos públicos en “anómalas operaciones” a favor de las empresas CRP Medios y Entretenimiento, Grupo RPP y Prime Time SAC.
Otros investigados son Karina Beteta, tesorera del partido; Lindman Miranda Zamalloa, contador de Fuerza Popular; y Liliana Takayama Jiménez, representante legal, quien habría gestionado escritos ante el JEE y JNE con activos ilícitos.
