La Fiscalía no le da respiro. Nuevamente el expresidente Martín Vizcarra enfrenta a la justicia por actos ocurridos durante su gobierno.
Esta vez, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional por el presunto delito de colusión agravada. La denuncia también alcanza a los exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora.
Esta denuncia es a causa de la compra directa de 1 400.000 (un millón cuatrocientas mil) pruebas rápidas durante el inicio de la pandemia a causa del Covid-19.
La Fiscalía sostiene que hubo una concertación ilegal con empresas proveedoras tras una reunión clave en el Ministerio de Economía, lo que comprometería la transparencia de uno de los contratos más importantes que se realizaron el primer año de emergencia sanitaria.
se sanciona con hasta 15 años de prisión a los funcionarios que, valiéndose de su cargo, intervienen ilegalmente en contrataciones públicas en perjuicio del erario nacional.
¿Por qué colusión agravada?
La Fiscalía acusa a Martín Vizcarra, a la exministra de Economía María Antonieta Alva y al extitular de Salud Víctor Zamora, de aprovecharse de la emergencia sanitaria por la COVID-19 para beneficiar ilegalmente a dos empresas privadas mediante una contratación directa.
Según las autoridades, los denunciados, a través de PERÚ COMPRAS y el Instituto Nacional de Salud, habrían concertado con NIPRO Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.C., la adquisición de pruebas rápidas por un costo de más de 6.5 millones de dólares.
El Ministerio Público considera que esta presunta concertación configura un acto de defraudación al Estado, no solo en términos económicos sino también sociales, pues se hizo en un momento de alta vulnerabilidad.
Según el artículo 384 del Código Penal, se sanciona con hasta 15 años de prisión a los funcionarios que, valiéndose de su cargo, intervienen ilegalmente en contrataciones públicas en perjuicio del erario nacional.
