Escribe: Eliana Pérez Barrenechea
Otro hecho atroz se suma al espectáculo de sangre y muerte que a diario contemplamos impotentes a través de nuestras pantallas: el asesinato de 13 trabajadores de seguridad en un socavón minero en la provincia de Pataz. No se trata de un hecho aislado, ni extraordinario, lamentablemente. El año pasado también se informó sobre el descubrimiento de más de una decena de cadáveres en otro socavón.
Pataz se ha convertido en una fosa común por la disputa del oro y lo que ocurre ahí hay que leerlo en clave de lo que pasa en La Libertad, región que se ha convertido en la mayor
productora de oro, tanto legal como ilegal, con más del 33% de la producción aurífera
nacional. Este dato es significativo si consideramos que la minería ilegal de oro es la actividad económica ilegal más lucrativa en el país, con amplia ventaja sobre el narcotráfico, debido al elevado precio del oro en el mercado internacional.
Se trata de millones de soles que no solo se mueven a diario por La Libertad, sino que también se blanquean. La atracción lucrativa de la explotación minera ilegal ha fortalecido
organizaciones criminales, ha infiltrado instituciones como la Policía Nacional (recordemos el caso de “La gran FA”), ha comprado al poder político representado en el Congreso de la
República, donde los partidos políticos legislan a su favor para que sigan operando
impunemente.
Una mención especial merece Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, que tiene en su poder la presidencia del Congreso en las dos últimas legislaturas, asumidas por sus congresistas Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, y en cuyos períodos se han aprobado leyes a favor de la minería ilegal, como la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que les ha permitido a los mineros ilegales seguir explotando el oro, disfrazados de informales.
El escándalo de los 13 de Pataz debería significar la censura de al menos tres ministros de Estado: PCM, Energía y Minas e Interior; pero no los tocarán porque el Congreso cogobierna con Boluarte y son aliados de la minería ilegal.
Además, APP gobierna la región La Libertad desde el 2015, período en el que se ha convertido en una de las regiones del país con mayor presencia del crimen organizado. En coherencia con la actuación de su bancada, la gestión actual de César Acuña ha favorecido la criminalidad en torno a la minería ilegal. La declaratoria de estado de emergencia que lleva más de un año ha sido un fracaso, ni la intervención de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía ha impedido que en Pataz sigan activas 52 plantas que operan el mineral extraído y que luego lo transporten sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades regionales, según informa CooperAcción.
El escándalo de los 13 de Pataz debería significar la censura de al menos tres ministros de Estado: PCM, Energía y Minas e Interior; pero no los tocarán porque el Congreso cogobierna con Boluarte y son aliados de la minería ilegal. Por el contrario, las medidas que van a adoptar protegen a todo el pacto: al Ejecutivo para que tenga facultades legislativas y haga realidad su proyecto de ley de terrorismo urbano, al poder militar instalando una base militar para que se siga perdiendo presupuesto público inútilmente como en el VRAEM, a Acuña a quien no le piden rendición de cuentas por la falta de fiscalización de su fantasmal dirección regional de Energía y Minas, y a quien complacen decretando toque de queda mientras evalúan su propuesta de estado de sitio.
Nada de asumir responsabilidades políticas, ni cambios de autoridades incapaces, menos
derogar leyes procriminales, y ni pensar en aumentar el presupuesto para combatir la minería ilegal que ha disminuido un 37% en los últimos cinco años.
Hay muchas aristas en torno a este grave y complejo problema, pero queda claro que la
complicidad de las instituciones nacionales y regionales, a través de la infiltración del crimen organizado en los partidos que hoy controlan el poder político, es una de las condiciones favorables para que la minería ilegal detone las bases mínimas de democracia, desarrollo y convivencia pacífica.
Si no sacamos a las organizaciones criminales del poder, el Perú será la fosa común.
