El horrendo hecho ocurrido en la lejana Pataz, es el reflejo de la ineficacia de un Estado que ha permitido que la violencia y el crimen organizado se adueñen de nuestra región. Un Estado cómplice, que no sabe (y no le interesa) proteger a su población.
El secuestro de los trabajadores fue denunciado, pero el primer ministro Gustavo Adriánzen minimizó el suceso, afirmando que la información era “no veraz”. Cuatro días antes de la masacre, declaró: “Hemos recibido información no oficial que refuerza la idea de que este hecho no ocurrió”. Esta actitud irresponsable contribuyó a la tragedia que siguió, culminando con el hallazgo de los cuerpos, desnudos, maniatados y ejecutados con un disparo en el cuello.
El Congreso es otro cómplice directo de esta barbarie con su aprobación de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), favoreciendo a la minería ilegal y permitiendo que los criminales operen con impunidad.
En medio de esta crisis, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, denunció amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales y exigió Estado de sitio en el lugar, responsabilizando al gobierno en caso de que se concreten los ataques. Afirmó que la delincuencia en la región es un problema que el Estado ha dejado en abandono, expresando su frustración: “No nos sigan jodiendo la vida. (…) Solo queremos que nos devuelvan el desarrollo”. Sin embargo, el gobierno respondió con un toque de queda que limita el movimiento de las personas de 6 p.m. a 6 a.m. ¿Acaso creen que esta medida resolverá el problema? Es una burla que demuestra la desconexión de este gobierno incapaz de enfrentar la realidad.
El Congreso es otro cómplice directo de esta barbarie con su aprobación de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), favoreciendo a la minería ilegal y permitiendo que los criminales operen con impunidad. Los congresistas liberteños, como Víctor Flores (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Juan Burgos (Podemos) y Kike Alva (Acción Popular) tienen mucho que responder, al respaldar esta ampliación, sellando el destino de varios, y que seguramente seguirá dándose.
Dina Boluarte llegó a Pataz, donde se reunió con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, su visita no es más que un acto simbólico vacío. La población exige acciones concretas y resultados tangibles, no promesas de un comando unificado de 1,000 agentes de la Policía y 150 efectivos militares. Es inaceptable que, ante la masacre y la desesperación de la gente, se presente sin un plan de acción claro que aborde la raíz del problema de la violencia. Sin un compromiso real y efectivo, su presencia no solo es inútil; es una burla que ignora la dura realidad que enfrentan los ciudadanos, dejándolos a merced de la criminalidad y el abandono del Estado.
