La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, afronta una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, a raíz de presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reorganización de la Mesa Directiva tras la vacancia del exconsejero Abner Ávalos. La indagación tendrá un plazo de 60 días, según confirmaron fuentes del entorno fiscal.
El caso
La denuncia fue presentada por el ciudadano Manuel Ruiz Briones, quien considera que no se respetaron los procedimientos establecidos en el reglamento del Consejo Regional. En su acusación, sostiene que Carranza habría omitido convocar a una nueva elección general para conformar toda la Mesa Directiva, lo que podría configurar delitos como abuso de autoridad y omisión de funciones.
Desde el mismo Consejo, algunas voces se han sumado a las críticas. El consejero Robert de la Cruz expresó que la actual configuración directiva no cumpliría con el artículo 8 del reglamento, que establece la representación de fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias. Señaló que ni Carranza ni la relatora Gissela Crisólogo tienen afiliación partidaria, lo que, a su juicio, vulneraría dicho principio.
Otra de las observaciones apunta a que, tras la salida de Ávalos, se designó solamente a su reemplazo, el consejero Samuel Leiva, sin convocar elecciones para renovar los demás cargos de la Mesa. Esto ha generado suspicacias entre algunos integrantes del órgano legislativo, que ahora deberán rendir su testimonio ante la Fiscalía, incluyendo la propia Carranza y los otros 16 consejeros.
Antecedente
El origen de esta controversia se remonta a la vacancia de Abner Ávalos, quien fue condenado por corrupción. Tras su salida, se desató un debate político al interior del Consejo sobre la legalidad de la permanencia de la Mesa Directiva. Carranza, por su parte, ha defendido su postura asegurando que actuó conforme a las normas y ha atribuido los cuestionamientos a intereses políticos.
