La Municipalidad Distrital de La Esperanza, liderada por el alcalde Wilmer Sánchez, vuelve a estar en el ojo de la Contraloría General de la República, esta vez por incumplir con su deber de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad.
Según un reciente informe del órgano de control, la comuna no presentó el informe anual 2024 ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso ni al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), tal como lo exige la normativa vigente.
¿Y la transparencia?
De acuerdo con la Contraloría, el municipio trujillano registró una ejecución presupuestal de S/ 150 926,38 durante el año fiscal 2024 en acciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, omitió detallar ante las instancias fiscalizadoras cómo fueron utilizados estos recursos, lo que “limita la transparencia y la rendición de cuentas respecto a la asignación y uso de los recursos destinados a la población con discapacidad”.
El informe detalla que la municipalidad contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 256 998,00 para la actividad “Mejoramiento y Atención a las Personas con Discapacidad”, alcanzando un avance de ejecución del 58,7%. Pese a ello, no remitió dentro del plazo —que venció el 31 de marzo de 2025— el informe que debía ser enviado tanto al Congreso como al CONADIS.
La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 obliga a los gobiernos locales a destinar parte de su presupuesto a la atención de personas con discapacidad y, además, a informar anualmente sobre el uso de esos fondos. Esta responsabilidad recae directamente sobre el titular del pliego, el gerente general y el gerente municipal. La omisión podría acarrear multas y sanciones administrativas por parte del ente rector, dado que se trata de un incumplimiento formal de transparencia y gestión.
El efecto
En ese sentido, la omisión de la Municipalidad de La Esperanza no es un simple trámite pendiente, sino un acto que afecta los mecanismos de control público y debilita la confianza en la gestión local, sobre todo en un ámbito tan sensible como el de la inclusión social.
