A inicios de semana, el presidente Jerí había mostrado preocupación por una parte de la redacción y que esperaba un informe técnico del sector antes de decidir si observaba la ley o procedía con su promulgación.
Pero la Confemín lanzó su amenaza a través de un comunicado: si no se ampliaba el Reinfo habría consecuencias “graves e inmediatas”, como un incremento de la conflictividad social en regiones y un impacto a la “paz social y al clima democrático”, “poniendo en riesgo incluso la realización de las próximas elecciones en un ambiente de tranquilidad y orden”.
Y Jerí arrugó. Firmó la norma sin chistar, a pesar de que muchos especialistas han advertido que ese documento es usado de manera negativa.
Los cambios en la norma
La norma firmada por Jerí no solo prorroga por quinta vez el Reinfo, sino que introduce una serie de disposiciones. Por ejemplo, establece la realización de un “censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal”, el cual deberá iniciarse en un plazo máximo de seis meses. Estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
También se dispone un “proceso obligatorio de sinceramiento” de la ubicación real de las operaciones de aquellos inscritos en el Reinfo, a través de la presentación de información georreferenciada “que permita verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas”.
Fija un plazo de 60 días para que los gobiernos regionales terminen de transferir al Minem la documentación del proceso de formalización, bajo responsabilidad funcional.
La ley también encarga a la Sunafil que emita disposiciones con el fin de verificar que los inscritos en el Reinfo incorporen a sus trabajadores en planilla, y que el Ejecutivo presente un proyecto para un régimen excepcional de tributación de este sector.
Hecha la ley…
César Ipenza, especialista en materia ambiental, dijo a El Comercio que esta ley deja abierta la posibilidad de mantener vigente el Reinfo bajo el argumento de que, llegado diciembre del 2026, no se haya aprobado la ley MAPE.
Ipenza también advirtió que el censo minero no debería convertirse en una puerta de ingreso para mineros ilegales, pues la norma no establece criterios claros y deja el término abierto. Y que respecto al proceso de “sinceramiento” de ubicación, el texto carece de alguna sanción para quienes lo incumplan.
El exministro Carlos Herrera Descalzi también ha mostrado su desacuerdo. Considera que, lejos de resolver el problema de fondo, se están generando las condiciones para una nueva extensión en el 2026.
Herrera sostiene que este sector informal es electoralmente importante, pues pondrán representantes en el Congreso. “Mi lectura, es que los actores que tienen interés en este tema, se las agencian para que nunca haya una solución”, recalcó.
