El expresidente Martín Vizcarra solicitó este martes su excarcelación inmediata tras la decisión del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que anuló la resolución que inicialmente negó la suspensión de su condena a 14 años por cohecho pasivo propio, ordenando a la Sala Penal de Apelaciones que vuelva a resolver el pedido.
En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el exmandatario, quien permanece privado de libertad en el penal de Barbadillo, sostuvo que “no debería estar sufriendo una cárcel injusta y arbitraria” y afirmó que la justicia reconoció la vulneración de su derecho a la libertad por una resolución con vicios de motivación. Por ello, exigió a la Sala Superior que disponga su «inmediata libertad» y advirtió que no aceptará dilaciones: “sin maniobras ni excusas”, dijo, rechazando cualquier espera hasta después de las elecciones del 12 de abril o los feriados de Semana Santa.
Esta condena, dictada en noviembre de 2025, incluye catorce años de prisión efectiva, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 94.900 soles. El tribunal consideró probado que Vizcarra recibió un millón de soles de la empresa Obrainsa por la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo en 2013, además de 1,3 millones de soles en efectivo de la empresa ICCGSA por el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según testimonios aceptados en el juicio. Aunque la Fiscalía había solicitado 15 años de prisión, el tribunal aplicó como atenuante la ausencia de antecedentes penales.
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) April 1, 2026
Tras la lectura de la sentencia, Vizcarra sostuvo que la sanción responde a un enfrentamiento con lo que denominó “el pacto mafioso” que controla el Congreso, afirmando que el objetivo real es impedir su participación política. En ese contexto, pidió a sus seguidores votar por su hermano Mario, quien lo reemplaza como candidato presidencial por el partido Perú Primero en los comicios de 2026. Con la reciente orden del Juzgado Constitucional, la Sala Penal de Apelaciones queda ahora bajo la responsabilidad de reevaluar el pedido de suspensión de la ejecución de la condena y decidir si el expresidente obtiene su libertad antes de que finalice la campaña electoral.
