El Tribunal Constitucional (TC) ordenó archivar la investigación por el caso ‘Cócteles’, que se seguía a la lideresa de Fuerza Popular y otras 14 personas por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.
Los magistrados que votaron a favor del archivamiento del caso ‘Cócteles’ fueron Domínguez Haro, Morales Saravia,Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Su principal argumento: se vulneró el derecho a un plazo razonable dentro del sistema de justicia y al principio de legalidad.
En febrero del 2024, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, presentó un habeas corpus al TC solicitando la anulación de las investigaciones en contra de su patrocinada. Argumentó que antes de noviembre del 2016 el recibir dinero para campaña política no era considerado un delito de lavado de activos en la modalidad de recepción patrimonial en el Perú.
Loza también sostuvo que luego de que luego de que se dictó prisión preventiva en contra de Fujimori, en octubre del 2018, se “incorporaron nuevos elementos al caso sin respetarse el derecho a la defensa”.
el hecho de que Keiko Fujimori haya partido de las elecciones que posteriormente perdió, no es considerado como un elemento para pensar que se armó una organización criminal para lavar dinero ilícito
Los argumentos del TC
Los argumentos del TC para archivar el caso son:
Primero: el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial fue incorporado al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre del 2016. Es decir, luego de que los presuntos delitos cometidos por Fujimori se hayan efectuado.
Segundo: el delito de organización criminal “no se condice en lo absoluto con una finalidad plenamente legítima como es el ganar las elecciones”. Es decir, el hecho de que Keiko Fujimori haya partido de las elecciones que posteriormente perdió, no es considerado como un elemento para pensar que se armó una organización criminal para lavar dinero ilícito en las campañas políticas del 2011 y 2016.
Por otro lado, para el TC el presunto “pitufeo” de dinero tampoco puede ser considerado delito. Según indican, el financiamiento prohibido de organizaciones políticas fue considerado a partir de agosto del 2019, tiempo después de los hechos imputados.
