Un nuevo escándalo involucra al congresista Enrique Alva Rojas, conocido en La Libertad como Kike Alva, quien ha sido señalado por un testigo en el caso «La Gran FA», una investigación que está a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad. «La Gran Fa» tenía nexos policiales y políticos, estaba dedicada a la minería ilegal en la sierra de La Libertad.
La minería ilegal golpea
Según el testimonio recogido por la fiscal Jennifer Ludeña, titular de la mencionada fiscalía, un policía vinculó directamente a Alva con dos de los principales líderes de la organización criminal. Uno de estos líderes, identificado como José Agustín Arteaga López, alias «Agucho», se encuentra actualmente detenido en el penal de varones de Trujillo.
El testigo declaró que vio al congresista Alva en una reunión en el caserío minero carbonífero de Lajón, ubicado en el distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco. Este lugar ha sido identificado como uno de los centros de operaciones de la organización criminal. El testimonio ha sido respaldado por fotografías y mensajes de chat que, según el informe de Epicentro TV, muestran la presencia de Alva en el lugar.
En uno de los mensajes, el testigo asegura que Alva visitó la casa de «Agucho», ubicada fuera de la Plaza de Armas de Lajón, donde se encontraron explosivos durante una intervención policial. Según el testigo, durante esta visita se discutió la ampliación del Puesto de Auxilio Rápido (PAR), un tema clave para la organización.
El informe de Epicentro TV también señala que Alva estuvo en el caserío de Lajón el 10 de julio de 2023, un día después de que se realizaron coordinaciones entre efectivos policiales en un grupo de chat.
Nexo peligroso
Dentro de las revelaciones del testigo, se menciona al «ingeniero Huamán», identificado como José Alfredo Huamán López, alias «El Inge» o «El Doc». Huamán López es señalado como uno de los principales investigados en este caso y actualmente tiene una orden de captura vigente. Su presunta función dentro de la organización era sobornar a policías locales para garantizar la impunidad de las actividades ilegales.
La carpeta fiscal apunta a que Huamán López manejaba un presupuesto mensual de S/ 60,000 para sobornos destinados a policías de las comisarías de Callanca y Otuzco, así como a las unidades de Carreteras y al Comando Policial de la Región Trujillo. Este dinero aseguraba que la organización pudiera operar sin restricciones y bajo la protección de las autoridades.
En respuesta a estas acusaciones, el congresista Enrique Alva Rojas ha negado cualquier implicación en actividades ilegales.
