Escribe: Eduardo Zafra
El último domingo 4 de mayo se confirmó la lamentable noticia del cruel asesinato de los 13 trabajadores secuestrados por organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal dentro de un socavón en la provincia de Pataz. El secuestro y posterior asesinato que ha enlutado a 13 familias venía siendo denunciado por las mismas días antes de que se conociera la lamentable noticia. La prensa recogió los testimonios; sin embargo, las autoridades parecen hicieron caso omiso a las advertencias.
26 de abril
Según lo manifestado por los familiares, los 13 trabajadores dedicados al rubro de seguridad habían sido enviados al socavón de la empresa minera Poderosa para desalojar a mineros ilegales que habían ocupado la zona. A pesar de haber tenido constante comunicación con los trabajadores, para el 26 de abril la comunicación había sido completamente cortada, hecho que preocupó a los familiares de las víctimas debido a la alta peligrosidad de la zona.
29 de abril
Ante las preocupación y la nula respuesta por parte de las autoridades, familiares de los 13 trabajadores desaparecidos llegaron hasta la Plaza de Armas de Trujillo para exigir a las autoridades un respuesta rápida de búsqueda y rescate. Ese mismo día, desde la ciudad de Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó el secuestro de los trabajadores al no contar con “información veraz” sobre el caso.
30 de abril
Los familiares de los 13 trabajadores desaparecidos sentaron una denuncia formal en la comisaría de Huamachuco, mientras tanto otro grupo de familiares volvió a la Plaza de Armas de Trujillo para exigir al Gobierno Regional que tome cartas en el asunto. Sin embargo, según lo manifestado por los familiares, el Gobierno Regional argumentó que el caso escapaba su responsabilidad y que debían acudir a la Policía.
3 de mayo
Casi una semana de silencio después, a través de un comunicado, la minera Poderosa confirmó el secuestro de 13 trabajadores pertenecientes a la empresa R&R, la misma que había sido subcontratada por la compañía para realizar, según el comunicado, trabajos de extracción en dicho socavón de Pataz. Cabe resaltar que la versión de los familiares indica que los trabajadores habían sido enviados para enfrentarse a los mineros ilegales que habían ocupado la zona.
4 de mayo
Se confirma el cruel asesinato de los 13 trabajadores desaparecidos. Familiares manifestaron para algunos medios de comunicación que el asesinato ocurrió el mismo día del secuestro, es decir, el 26 de abril. Tras la tragedia, el Gobierno Regional, la minera Poderosa y el Gobierno Central se pronunciaron al respecto manifestado que ya se había iniciado una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este crimen.
5 de mayo
El ministro del Interior, Julio Diaz Zulueta, junto al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, arribaron a la ciudad de Trujillo desde donde brindaron una conferencia de prensa mostrando videos inéditos del rescate de los cadáveres de los trece trabajadores asesinados. Además, el jefe de la cartera del Interior manifestó que la Policía Nacional del Perú estuvo presente en todo momento en la provincia de Pataz, dato que contradice las declaraciones de los propios familiares de las víctimas.
