Escribe: Eliana Pérez Barrenechea
El 2019, desde Chile, el colectivo feminista LASTESIS propuso una performance llamada “Un violador en tu camino”, que se viralizó por todo el mundo, porque se atrevía a señalar a los responsables de la persistente violencia sexual y feminicida, y denunciaba la cultura de violación, que es ese sentido común que la menosprecia, la justifica y la incentiva.
La performance la hicimos en Trujillo en enero del 2020, organizando la rabia por los 175 feminicidios registrados en el Perú y los 15 en La Libertad al cerrar el año. En las redes sociales la reacción iracunda a la letra “el violador eres tú” no se hizo esperar, como tampoco las posturas indignadas por el hashtag #PerúPaísDeVioladores. Que el juicio público se centre en cómo se hace la denuncia y no en el problema real que nos lleva a tener las estadísticas más alta por violación en la región, es una muestra más de la cultura de violación.
Esto nos plantea un cuestionamiento profundo sobre las narrativas que se construyen respecto a la violencia sexual, que han construido en el imaginario al violador como un monstruo que nadie sabe de dónde salió, cuando ni es un desconocido, en la mayoría de casos está siempre cerca y es alguien confiable, ni es solo una responsabilidad individual, se trata de una violencia estructural, de la que el Estado es cómplice, por no garantizar los derechos de las infancias y mujeres a una vida libre de violencias, por dejar en la impunidad a violadores y en desprotección a las miles de víctimas que cada año denuncian.
Las declaraciones de tres ministros de estado (Educación, Mujer y Premier) que llaman “prácticas culturales” al delito de violencia sexual, no son solo opiniones, son la expresión de una política de Estado.
Las mujeres indígenas, organizadas en el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi, han alzado la voz contra la violencia sexual y el riesgo a la salud y la vida de niños y niñas Awajún y Wampis, invisibilizados, ignorados y revictimizados por el Estado hace más de una década. Desde el 2010 hasta mayo del 2024 este consejo de mujeres indígenas ha registrado 524 denuncias de abusos sexuales cometidas por docentes contratados por el Estado en instituciones educativas públicas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas).
Esta situación es particularmente grave. Por un lado, porque estamos ante un estado violador, que no garantiza entornos educativos seguros y libres de violencia, que sigue contratando a docentes con denuncias de violencia sexual, que abandona a las víctimas embarazadas y contagiadas de VIH sin tratamiento.
De otro lado, estamos ante un estado colonial que, tras doscientos años de república, mantiene estructuras históricas de discriminación y exclusión contra los pueblos indígenas, dejando en una situación de vulnerabilidad extrema a su población. Las declaraciones de tres ministros de estado (Educación, Mujer y Premier) que llaman “prácticas culturales” al delito de violencia sexual, no son solo opiniones, son la expresión de una política de Estado, que ignora la realidad de las comunidades indígenas, que desprecia la vida de su población, que la revictimiza y a la que le sigue negando estatus de ciudadanía.
Hace 15 años, Alan García siendo presidente del país dijo que los indígenas Awajún no eran ciudadanos de primera clase y ordenó la represión que dejó más de 30 muertos en el Baguazo. Hoy, el mismo estado colonial y racista, permite que las comunidades indígenas amazónicas padezcan de VIH sin tratamiento y que sus infancias y sus mujeres sigan siendo violadas, condenadas a maternidades forzadas, sin futuro, dentro de sus territorios arrasados por la explotación extractivista de actividades legales e ilegales.
Como vemos, el patriarcado, el colonialismo racista y el capitalismo actúan en conjunto y, sobre todo, contra el cuerpo de las mujeres.
