Escribe: Omar Aliaga
Una nueva acometida del Congreso se ha concretado recién, hace pocos días. En segunda votación, el pleno aprobó que la Policía sea la encargada de realizar las investigaciones preliminares en casos de criminalidad, ya no la Fiscalía. Se trata de una ley inconstitucional, pues la Carta Magna establece claramente quién lleva aquí la investigación. Pero este Congreso y sus leguleyos, como se ha visto, tuercen la Constitución -que dicen defender- a su medida.
Y, además de todo esto, la ley de marras tiene una intención evidente. Evidentemente pestilente, digamos.
La mayoría congresal, al alimón con el gobierno de Dina Boluarte, se encuentra enfrascada en combatir a la Fiscalía, a la que detesta porque les ha abierto sendas investigaciones. De hecho, tiene a esta guerra como una de sus prioridades, antes que la solución de cualquier otro problema de la ciudadanía, como la inseguridad.
Así que ese sambenito de que lo hacen para mejorar la lucha contra la delincuencia es una farsa. Lo que quieren es debilitar a la Fiscalía, restarle facultades, minimizarla lo más que se pueda. Y es que la Fiscalía investiga hoy a Boluarte, a su hermano Nicanor, al impresentable ministro del Interior Juan José Santiváñez, a varios congresistas «mochasueldos».
Todo ello, sin mencionar que la Policía es la institución más corrupta o más propensa a la corrupción, según la percepción ciudadana y distintos estudios.
Con esta nueva ley, que seguro Boluarte refrendará en una, será la Policía la que decida si tal o cual caso, si tal o cual personaje, debe seguir siendo investigado, de manera más oficial, por la Fiscalía. Los casos ahora primero llegarán a las manos de los policías, y los policías serán quienes decidirán si pasa al Ministerio Público o va al tacho de basura.
¿Y de quién depende la Policía? Pues del Ministerio del Interior, cuyo titular es hoy este señor Santiváñez, que tiene audios y otros embrollos por responder a la justicia. Es decir, la investigación preliminar estará, en otras palabras, en manos del mismo gobierno.
Todo ello, sin mencionar que la Policía es la institución más corrupta o más propensa a la corrupción, según la percepción ciudadana y distintos estudios hechos en el país.
Así que muchos podrán empezar a hacerse la siguiente pregunta: ¿Y ahora cómo es?
