Luego de un largo proceso judicial que ha durado años, Marco Antonio Benavides Bargallo y Bruno Bracamonte Moreno han sido condenados a 25 años de pena privativa de la libertad y 350 días multa, como autores del delito de Lavado de Activos, en su figura agravada por lavar bienes, dinero, efectos y ganancias provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la fiscal provincial Sara Carola García Arrascue es quien ha logrado esta sentencia condenatoria contra los procesados. El delito de lavado de activos por narcotráfico ha sido acreditado en la modalidad de actos de conversión y transferencia, así como ocultamiento y tenencia de activos de origen ilícito, respectivamente, en agravio del Estado.
Los hechos que determinaron los delitos
El Ministerio Público informó que se logró acreditar en el juicio que Marco Antonio Benavides Bargallo se encuentra vinculado a actividades ilícitas relacionadas al delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que le han servido como fuente de obtención de activos maculados que luego ha ingresado al sistema financiero, logrando incrementar su patrimonio injustificadamente.
En cuanto a Bruno Bracamonte Moreno, señala que adquirió bienes muebles e inmuebles, pese a no tener un respaldo económico para ello. De igual manera, como gerente general de la persona jurídica ALFA CONSTRUCTORES SAC., efectuó importantes aumentos de capital e instrumentalizó dicha empresa para la adquisición de patrimonio, al que pretendía otorgar una apariencia de legitimidad, pese a tener conocimiento del origen ilícito de tales activos.
Todo ello, indica la fiscalía, con la finalidad de evitar su identificación, incautación o decomiso.
Es preciso indicar que la condena alcanza también a la persona jurídica ALFA CONSTRUCTORES SAC, declarada responsable penalmente, disponiéndose la clausura definitiva de la empresa y se dictó la incautación definitiva de los bienes de origen ilícito. Además, se fijó en S/ 100,000 por concepto de reparación civil que deberán abonar los sentenciados solidariamente en ejecución de sentencia.
