Desde las primeras horas de este 24 de abril, el Ministerio Público y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) ejecutaron un aparatoso operativo de allanamiento en el domicilio de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La intervención responde a una investigación por los presuntos delitos de colusión y omisión de funciones, derivados de las graves fallas logísticas y operativas registradas durante los comicios del pasado 12 de abril.
El operativo, autorizado por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, incluyó el registro de otros 12 inmuebles, entre ellos las oficinas de la empresa Galaga en Lurín y las viviendas de exfuncionarios clave como Juan Phang Sánchez y José Samamé Blas. Durante la diligencia en su casa, Corvetto hizo entrega de su dispositivo móvil a las autoridades para facilitar las investigaciones sobre la falta de material electoral en diversos centros de votación.
Pese a que la Fiscalía también había solicitado la detención preliminar del exfuncionario, el magistrado Chuyo desestimó este pedido al considerar que no se cumplen los requisitos legales, como el peligro de fuga o la obstaculización de la justicia. La defensa legal de Corvetto se hizo presente en el lugar, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa mientras continúan las pericias informáticas y la recolección de pruebas.
