En una edición del podcast «Habla y te Salvas», en Conexión Norte, la exconsejera regional Jennifer Catalán puso al descubierto la grave crisis ambiental y social que atraviesa la sierra liberteña, exactamente en Sánchez Carrión. Catalán dirigió sus críticas más duras hacia la actual presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Leyla Espir, a quien acusó de una preocupante inacción frente al avance de la minería ilegal en zonas declaradas intangibles.
Durante la entrevista, Catalán mostró un reciente informe de fiscalización firmado por Espir, calificándolo como una «burla». Según detalló, el documento es visualmente pobre: «Vemos un espacio de doble espacio para poder disimular, letra grande y su firma que ocupa casi la mitad de la hoja».
Sobre el contenido, denunció que la autoridad se limita a derivar el problema: «Su conclusión es fundamental que el presente informe de fiscalización sea derivado a la presidenta… a la gerencia regional del ambiente… esa es su conclusión cuando hay un montón de evidencias».
Situación crítica
El impacto de esta falta de fiscalización es crítico, pues la minería ilegal opera sobre el Cerro Huaylillas y las 27 lagunas. Catalán alertó sobre la violencia contra los pobladores: «Los mineros han llegado a sus espacios, a sus terrenos, se han colocado, han empezado a matar a sus animales, los han agredido, los han golpeado para poder trabajar ahí», manifestó, señalando que los pobladores solo buscan vivir en paz y proteger el Qhapaq Ñan.
La situación ha escalado a tal nivel que familias del caserío de Pushuro han abandonado sus tierras. Catalán enfatizó que tener una concesión no permite operar ilegalmente: «Muchos de las concesiones que se han otorgado no quiere decir que al tener la concesión ya puedes empezar a hacer una operación minera. Están muy equivocados… de alguna manera están actuando de manera ilegal e irresponsable».
¿Y las autoridades de APP?
Finalmente, Jennifer Catalán cuestionó que las autoridades de Alianza para el Progreso (APP) evadan su responsabilidad: «No puedes deshacerte de las responsabilidades con ese argumento que tienen ahí… este Gobierno Regional los ha dejado de lado».
Concluyó anunciando que llevará el caso a la Defensoría del Pueblo e instancias internacionales, advirtiendo que la población «se acuerda a la hora de votar» por la falta de defensa de sus fuentes de agua.
