El Pleno del Congreso decidió inhabilitar por 10 años para ejercer función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. ¿El motivo? Presentar una denuncia constitucional contra 11 congresistas que votaron a favor de la ley que facultaba a cobrar doble sueldo a congresistas ex miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La controvertida sanción impuesta por el Parlamento se aprobó con 69 votos, mientras que 18 congresistas votaron en contra y 2 se abstuvieron. Los votos a favor fueron de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.
Recordemos que el 12 de marzo, el Congreso había rechazado inhabilitar a Espinoza al no lograr los votos necesarios (66) para consumar su venganza. Pero, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración a la votación.
«No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública»
El objetivo es el Colegio de Abogados
El 6 de mayo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió al presidente José María Balcázar la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CAP). Pero, al parecer no era una súbita preocupación del fujimorismo por los artistas del Perú.
Acá puede estar la clave: el documento incluyó un texto de contrabando con la finalidad de impedir que Espinoza continúe como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).
En la autógrafa se añadieron dos disposiciones complementarias. Una de ellas establece: “No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”.
Más claro ni el agua.
